Enol Nieto: «El rápido crecimiento de los centros de datos, impulsado por la IA, puede provocar cambios ambientales y sociales de gran escala»
Enol Nieto es graduado en derecho y ciencias políticas especializado en ecología política y derecho del agua. Ha trabajado en investigación y en casos de derechos humanos y medio ambiente en varios países. En el Centro Tecnológico BETA de la UVic-UCC gestiona proyectos de Gobernanza para la Sostenibilidad que conectan la ciencia con las políticas públicas y el desarrollo rural.
¿Qué son los centros de datos y por qué están creciendo tanto actualmente?
Los centros de datos son instalaciones físicas donde se almacena, procesa y distribuye la información que hace posible internet y los servicios digitales que utilizamos a diario, como correos, redes sociales o plataformas de Streaming. Aunque acostumbramos a imaginar “la nube” como algo intangible, en realidad está formada por grandes infraestructuras llenas de servidores, sistemas de almacenamiento y refrigeración.
Aunque estos centros existen desde hace décadas, actualmente están creciendo de forma acelerada por la expansión de la Inteligencia Artificial (IA), que requiere cada vez mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos. Esto impulsa la construcción de centros de datos a gran escala, de mucha mayor envergadura y complejidad que los modelos anteriores. En España, Aragón lidera este crecimiento en Europa, aunque también se están desarrollando proyectos en comunidades como Cataluña, Madrid, Extremadura, Cantabria o Castilla-La Mancha.
¿Qué impacto ambiental tienen?
Estas infraestructuras consumen enormes cantidades de recursos naturales, especialmente energía, agua y suelo. Su rápido crecimiento, impulsado por la IA, puede provocar cambios ambientales y sociales de gran escala. Gran parte de la energía se destina tanto al funcionamiento de los servidores como a la refrigeración. Los sistemas más avanzados, necesarios para enfriar los procesadores de IA, utilizan refrigeración por evaporación, que requiere grandes cantidades de agua. Esto genera conflictos en territorios ya afectados por sequías, desertificación y aumento de temperaturas, donde en algunos casos se prioriza el suministro a los centros de datos frente a los usos sociales y ecológicos.
Además, su expansión implica ocupar grandes superficies para producir energía, sobre todo solar y eólica, y genera otros impactos relacionados con residuos, cadenas de suministro, fiscalidad, participación ciudadana y concentración de datos en manos de grandes tecnológicas, cuestiones que también afectan a la soberanía digital y la calidad democrática.
¿Qué estrategias pueden reducir su impacto ambiental?
El problema no es la existencia de los centros de datos, sino el tamaño y modelo de crecimiento actual, basado en grandes infraestructuras concentradas. Para reducir su impacto, se propone repartirlos más, hacerlos más pequeños y repensar el modelo de hipercrecimiento.
También se plantea no medir sólo el consumo de energía o agua de cada instalación, sino su impacto global en el medio ambiente y en las comunidades. Esto es especialmente importante porque su expansión afecta a ecosistemas y territorios, a veces ya muy vulnerables.
Además, debemos preguntarnos qué cantidad de datos necesitamos realmente y priorizar un uso más responsable de la tecnología, en lugar de crecer sin límites. Incluso existen propuestas concretas para aprovechar mejor la energía que generan estos centros, como reutilizar el calor de los servidores para calefacción o integrarlos en sistemas de economía circular.
¿Qué medidas políticas y regulatorias se pueden aplicar para limitar su impacto?
El punto de partida es la transparencia, ya que actualmente existe poca información sobre el consumo de energía, agua o uso que generan los centros de datos. Se propone que estos datos se hagan públicos de forma clara y detallada para poder tomar decisiones informadas. A partir de ahí, se plantea crear leyes y políticas a nivel europeo, nacional y local que garanticen esta transparencia y permitan una mejor planificación. También se defiende una gobernanza participativa, con expertos y ciudadanía implicados, y medidas para evitar la concentración de estas infraestructuras en zonas con estrés hídrico o energético.
Desde el sector académico y con un enfoque de gobernanza para la sostenibilidad, estamos conectando a la opinión científica con las políticas públicas; lo que llamamos “Science for Policy”. Hemos aportado estas recomendaciones científicas al Pacto de Estado de Emergencia Climática, en reuniones globales como la OECD Water Gobernance Initiative y trabajamos con varias administraciones a distintos niveles. También lo hacemos junto a la sociedad civil, con movimientos sociales y sindicatos. Hace unos días presentamos el tema en UGT en Verde.
¿En qué está contribuyendo el BETA en ese ámbito?
Desde el BETA se está impulsando el diálogo entre ciencia y política mediante varios proyectos (LocAll4Flood, Nenuphar, Interreg Euro-MED, Programa Simil). Éstos buscan conectar administración pública y academia para resolver problemas concretos. El Programa Simil abordó el problema del agua en el contexto de la sequía de hace un par de años, y siempre pueden reactivarse estos vínculos, con el tema de la infraestructura digital, por ejemplo.
Con nuestro trabajo, no sólo transferimos conocimiento, sino que creamos vínculos bidireccionales que permitan entender y abordar retos políticos, sociales y ecológicos de forma útil para la sociedad y los ecosistemas. Además, el BETA aporta una visión transdisciplinar, combinando áreas como la Ecología Aplicada, el Cambio Global y la Transición Digital Verde, junto con la Gobernanza para la Sostenibilidad.
